El Instituto Data Goyá publica el documento “Mapeo legal colombiano – Evaluación de la infraestructura, las prácticas y las políticas actuales en materia de seguridad digital, y su impacto”, un estudio investigativo que analiza el marco normativo, constitucional e internacional relacionado con la seguridad digital, el internet y las tecnologías en Colombia, desde la perspectiva de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
El trabajo examina cómo la legislación vigente incorpora, o no, una perspectiva diferenciada de seguridad digital, considerando las realidades culturales, colectivas y territoriales de estos pueblos. A partir de un análisis de la normativa propia y general, la investigación busca comprender si existe reconocimiento del derecho a la autodeterminación informativa, un concepto clave para la gobernanza de los datos y la protección de los derechos digitales.
La autonomía es el derecho de los pueblos al autogobierno, sustentado en normas internacionales como el Convenio n.º 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI). Por su parte, la autodeterminación informativa se refiere al derecho a decidir libremente sobre los propios datos, reconocido en instrumentos como el Tratado de la OMPI sobre Recursos Genéticos y Conocimientos Tradicionales Asociados (GRATK) y la Ley de Biodiversidad.
El estudio destaca que una visión genérica de la ciberseguridad es insuficiente para proteger comunidades con cosmovisiones y estructuras sociales colectivas, como las de los pueblos indígenas y afrodescendientes. En la mayoría de los países latinoamericanos, los datos se conciben como propiedad individual, lo que contradice la naturaleza colectiva del conocimiento y la información en estas comunidades. Por ello, el documento propone repensar las políticas y estrategias de seguridad digital desde una perspectiva intercultural y colectiva, que reconozca el derecho de estos pueblos a ejercer su autodeterminación informativa colectiva.
Finalmente, el mapeo analiza también las normativas aplicables a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y los marcos legales sobre tecnología y seguridad digital, con el fin de identificar vacíos, riesgos y oportunidades para fortalecer la inclusión y protección de los pueblos indígenas y afrodescendientes en los entornos digitales.
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